El Fondo de Contingencia es, según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), "el principal instrumento para la mitigación de riesgos fiscales en España". Es decir, ante un gasto imprevisto derivado de situaciones extraordinarias, como catástrofes naturales o pandemias, se dispone de este crédito, cerca de 4.000 millones de euros al año, para financiarlo y evitar un descontrol del déficit público. 

Sin embargo, este Fondo de Contingencia se consume anualmente prácticamente en su totalidad y no precisamente por gastos imprevistos y extraordinarios, sino por otros recurrentes. El gasto discrecional compromete, en promedio, el 43% del fondo asignado anualmente en los Presupuestos Generales del Estado, según los cálculos de la AIReF. El más abultado y común tiene que ver con la Defensa.

De media, uno de cada tres euros (33%) de este Fondo de Contingencia se destina anualmente a misiones en el exterior del Ejército español, lo que se denomina "operaciones de mantenimiento de la paz". Con la única interrupción del 2020, por la pandemia, el Estado ha dedicado un promedio de 886 millones anuales. En los últimos dos años, 2023 y 2024, ascendió a 1.386 millones de euros.

Sin el control del Congreso 

Esta es una de las vías 'fáciles' que tiene ahora el Gobierno para elevar el gasto en Defensa y que pretende intensificar, pues no requiere aval del Congreso. Bastaría con que lo aprobara el Consejo de Ministros. Según explican fuentes de la AIReF, que estas operaciones de gasto en Defensa sean financiadas con el Fondo de Contingencia no determina su clasificación. Es decir, computa como inversión a ojos de la OTAN y de la Unión Europea. 

Además, la maniobra contable de utilizar el Fondo de Contingencia para un gasto recurrente, en este caso de Defensa, deja más margen presupuestario al Ministerio en cuestión. Sin embargo, la AIReF ha censurado esta práctica al considerar que "limita en esa proporción la capacidad del fondo para atender gastos verdaderamente imprevistos que puedan surgir durante el ejercicio y aumenta el riesgo de incumplir las reglas fiscales".

Es decir, si de pronto se produjera una nueva catástrofe natural o una crisis sanitaria, el Gobierno habría perdido parte de esta 'hucha' y tendría que enduedarse para hacer frente a las necesidades del momento. Sin ir más lejos, en 2024 la ejecución anual del Fondo de Contingencia se disparó hasta los 6.066 millones de euros como consecuencia de la Dana en Valencia, un gasto verderaderamente imprevisto. 

En términos de flexibilidad presupuestaria, otra vía que tendría el Gobierno para aumentar la inversión en Defensa sin pasar por el Congreso sería la autorización de determinadas modificaciones de crédito (transferencias y ampliaciones), mientras que los créditos extraordinarios o suplementos de crédito, que se financian con deuda, sí se tienen que aprobar en un instrumento con rango de ley, y por tanto, remitirse a las Cortes Generales.

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